Hay que impulsar la campaña
Colombia
L pasado 18 de no-viembre se inició ell Consejo de Guerral contra las 350 per-; sonas acusadas de pertenecer adiversas organizaciones arma-, das, las FARC (Fuerzas Arma-; das Revolucionarias de Colom-, bia), el ELN (Ejército de Libe-l ración Nacional) y el M-19 (Movimiento del 19 de abril). i La Brigada de Institutos Militares (BIM) organizó todo para que los acusados no tuvieran ninguna posibilidad de defenderse durante el proceso, frente a un juez que es el director del principal centro de tortura del país y a un fiscal que utiliza tradicionalmente la represión el movimiento de masas. Además, en el transcurso de los últimos meses, los militares han tratado de eliminar de la legislación militar penal algunos «obstáculos», como la lectura obligatoria del acta de acusación, lo que según ocupaba demasiado contra la represión tiempo y les permitía a los abogados preparar la defensa de los acusados con mayor eficacia; así, este procedimiento fue suprimido, y los acusados se encuentran directamente frente a sus acusadores, que llegan con las sentencias ya pronunciadas.
Ahora está claro que los militares colombianos continúan asumiendo la tesis del comandante Nungo, fiscal en un célebre consejo de guerra: «Vale más condenar a un inocente que dejar libre a un culpable». De este modo se han puesto a su disposición todos los medios para aplicar su concepción de la «justicia» a los dirigentes políticos y líderes de masas. Esto no es sino la prolongación de las medidas instauradas gracias al Estatuto de Seguridad, inmediatamente después de la entrada en fun= ciones del presidente Turbay Ayala, y que hacen que los llamados delitos contra la seguridad del Estado sean ahora de competencia de la autoridad militar, es decir, del ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva, y del director de la BIM, Miguel Vega Uribe.
Las quejas de los abogados encargados de la defensa de los presos políticos en Colombia se han multiplicado, debido a las dificultades que interponen los militares, que elaboran SuS propios reglamentos judiciales y que impiden que los abogados tengan acceso a las fuentes de información, visiten las prisiones, etc. De la instauración del Estatuto al desencadenamiento de la represión
Esta situación anormal de la jurisprudencia colombiana, sin embargo, no da ni mucho menos una imagen clara de la realidad, que es aún más dramática. Los militares han
Colombia L. ZAIANSKY asumido directamente la aplicación de las medidas que se derivan del Estatuto de Seguridad, así como • de medidas que no figuran en legislación alguna.
Desde diciembre de 1978, cuando tuvo lugar el robo de armas del Cuartel del Norte, por el M-19, se impusieron di-l versas medidas, como el allanamiento de domicilios, oficinas y locales, la intimidación de los dirigentes de la izquierda, las detenciones arbitrarias y el secuestro personas de las que no se sabe nada durante semanas enteras —hasta que su detención sea reconocida por la BIM- después de ser torturadas y sometidas a presiones de toda clase.
De hecho, algunas personas han desaparecido tras su detención en los locales del ejército, y han sido encontradas después en alguna cuneta. Fue el caso de Hernando Rubio, estudiante del Externado
Colombia Colombia, que fue ›or «mano desconocida» y que ólo fue reconocido como deenido, por el ejército, un mes nás tarde, tras una novilización de masas en proesta por su asesinato.
Otras personas corrieron la nisma suerte, y entre ellas un errateniente, debió a una mala información regaron su cadáver afirmando nfarto, y sólo después de que su mujer hubiera exigido la exhumación del cuerpo se reconoció que había muerto por bala. El consejero de la Unión Puerto Berrio, Daría Arango, fue detenido, y su cuerpo mostraba signos evidentes de tortura cuando su cadáver entregado por los militares.
Inútil decir que en ninguno de estos casos el fiscal de la República ha realizado alguna investigación seria, y es este fiscal, Guillermo González Charry, el que se negó categóricamente a admitir que los militares hayan cometido abusos en la aplicación de las medidas de seguridad. El propio presidente de la Repúempleados por los militares y amenazó con reforzarlos tras la respuesta que los sindicatos y partidos de izquierda
Por otro lado, los militares han organizado un «escuadrón de la muerte», que actúa a partir de los cuarteles y «ejecuta» a los dirigentes políticos y del movimiento de masas, sin esperar ningún procedimiento diputado de la Asamblea de Bello, en el mismo centro de Bogotá, y los atentados contra el periódico «Voz Proletaria», fueron realizados por estas organizaciones derechistas que son la pantalla de la B-2, la agencia de información del ejército. La crisis de los partidos burgueses y el movimiento de masas
Para impedir el ascenso del movimiento de masas, la burguesía no ha encontrado otra solución que la represión. Vista la descomposición de los partidos liberales y conservadores, que han mantenido la coalición gubernamental, У dada la inflación galopante que erosiona los salarios de los trabajadorés, combinada con el paro y la sobreexplotación, el movimiento obrero ha empezado a movilizarse para obtener aumentos salariales, para recuperar el descenso de su poder adquisitivo y para mantener en vida a los
La presión de la base obrero obligó a las cuatro centrales obreras (la CTC, la CSTC, la UTC y la CGT) a sentar las bases de la unidad sindical, a llamar a una primera huelga cívica nacional, el 14 de setiem-** bre de 1977, y después a una segunda huelga, prevista para los próximos
Los movimientos huelguísticos no han disminuido, al contrario, su combatividad y frecuencia aumentan. La huelga de los trabajadores del Ministerio de Finanzas fue un golpe muy duro para el sector público y la Administración, y permitió el refuerzo de la determinación de los demás trabajadores público, que llamaron a una huelga nacional.
Es por estas razones que el gobierno de Turbay se vio obligado a recurrir a medidas extremas, como es la detención, en dependencias militares, dirigentes sindicales, sin lograr, no obstante, intimidar a los trabajadores.
El movimiento campesino propietarios que los explotan. Las guerrillas de las prosiguen, pese a la sangrienta regiones de Yacopi, Caqueta, Cimotarra y Puerto Berrio. El movimiento estudiantil y de los enseñantes, a todos los niveles, está a la cabeza de la lucha contra el Estatuto de Enseñanza y la reforma de la Educación que Lloreda Caideco, jefe de los conservadores y miembro de una de las familias más pudientes del occidente colombiano.
A medida que se acercan las elecciones de «entretiempo»
(que se celebran cada cuatro años, entre dos elecciones naAsambleas Departamentales y los consejos municipales), los partidos políticos de la burguesía han empezado a discutir medidas represivas, aplicadas por el régimen, y sobre sus efectos electorales. Numerosos incluido el presidente del Seoposición al Estatuto de Seguridad y han empezado a distanciarse de las medidas del gobierno. Algunos antiguos dirigentes de estos partidos han encabezado la oposición en el Congreso y han aceptado parreuniones convocadas por la izquierda, así como crear el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (el 3l de marzo de 1979), y de ocuparse de la difusión del libro editado por dicho Comité para denunciar la tortura. periódicos de la burguesía van desde un apoyo total al gobierno (El Tiempo) hasta la oposición declarada (El Espectador), pasando por vaivenes que combinan el apoyo y la aunque defendiendo siempre el punto de vista conservador de Pastrana, y para avanzar la candidatura a la presidencia de Belisario Betancur.
En esta situación, la imágen del régimen se deteriora cada vez más, y las campañas realizadas por Turbay Ayala han tenido los efectos deseados. Su viaje a Europa se vio turbado por las manifestaciones de colombianos residentes en el Viejo Continente, y que acutaron con éxito. Hicieron una huelga de hambre en la iglesia Saint-Merri, en París, para protestar contra el Consejo de Guerra, contra los 350 acusados de grupos armados, contra la tortura y para exigir que el gobierno dé cuenta de los desapaLas tareas de los marxistas revolucionarios
En el momento actual, cuando se acentúa la represión, es prioritario para los marxistas revolucionarios de Colomobrera, de los campesinos, de los estudiantes y de los trabajadores de la Administración pública. A nivel de las luchas (Partido Socialista Revolucionario, sección colombiana de la IV Internacional) ha planteado la necesidad de buscar la unidad sindical en torno a los puntos contenidos en el Acuerdo unitario de las cuatro centrales. Por otro lado, las reivindicaciones políticas, como la exigencia del levantamiento del Estado de Sitio —que está en la base de toda la legislación represiva actual— y el respeto a la libertad sindical, contra los atentados al derecho de huelga y las detenciones arbitrarias de dirigentes de masas, exigen el Frente Unico de todas las organizaciones políticas y organizaciones del movimiento de masas. Es por formó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, y por lo que la izquierda ha elaborado una platäforma electoral que rompe con las personalidades liberales y conservadoras, y presenta listas de trabajadores a las próximas elec-
Sin embargo, tanto el PC como el FIRMES y el MOIR (que se han mantenido separados de todas las acciones unitarias, debido al espiritu sectario que caracteriza a estas organizaciones), apoyar a personalidades liberales y conservadoras, brindándoles el fruto de los esfuerzos realizados por el movimiento de masas para liberarse de la legislación represiva y el fuerte ataque al nivel de
Sin embargo, es el momento de ofrecer a los trabajadores una alternativa de clase que rompa con los viejos partidos tradicionales y que defienda la independencia de clase. Nosotros, marxistas revolucionarios, continuamos defendiendo el derecho de los trabajadores elegir a sus propios representantes y a ser independientes de las formaciones políticas de la burguesía. Con esta plataforma iremos a las elecciones de 1980.