La política latinoamericana de Bush,
La inesperada victoria de la UNO en las elecciones nicaraüenses de febreo de 1990, puso de manifiesto hasta que punto había tenido éxito la segunda fase de la política de la Administración Bush en América Latina(1). Su ofensiva política y militar permitió a Washington no sólo recuperar la iniciativa en Centroamérica, en el marco de sus relaciones bilaterales con los países de la zona, sino también utilizar a su favor, tras victorias electorales consevadoras en todos ellos, el proceso de paz regional cara a las negociaciones del Salvador y el periodo de transición en Nicaragüa. En el resto de América Latina, la derrota sandinista, tras la invasión de Panamá, supuso un giro en la apreciación de los gobiernos sobre cual era la nueva correlación de fuerzas con el Imperio. De Salinas de Gortari a Menem, los presidentes latinoamericanos se precipitaron sobre Washington para ofrecer su colaboración y pedir la creacción de comisiones mixtas y ayuda para sus países.
Reforzada con la sorpresa de su propio éxito, y de manera paralela a los cambios que se sucedían en Europa del Este, la ofensiva norteamericana continuó imparable desde febrero hasta agosto, intentando dotarse de una coherencia general que le permitiese pasar de una política basada en una suma de tácticas cuyunturales, a un enfoque global que aportase soluciones, desde el punto de vista de los intereses de Washington, al conjunto de los problemas de América Latina, en la reestructuración del sistema mundial que está teniendo lugar una vez acabada la Guerra Fría.
Cuatro objetivos parecen definir este periodo en la política de la Administración Bush hacia América Latina:
1- Consolidar a su favor la situación en Centoamérica, reforzando el proceso de desgaste del FSLN en Nicaragüa,
ТЕмА
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G.Buster en su laberinto acorralando políticamente al FMLN en las negociaciones de El Salvador, e imponiendo un nuevo orden regional que acabase con al autonomía del proceso de paz de Esquipulas.
2- Desarrollar un amplio consenso bipartidista en el Congreso norteamericano para el conjunto de la política latinoamericana, "despolitizando" sus connotaciones para la opinión pública y reduciendo a "niveles técnicos" debates como la ayuda de emergencia para "consolidar la democracia" güa y Panamá y, sobre todo, la ayuda militar norteamericana al gobierno sal-
3- Construir un nuevo modelo de relaciones políticas y económicas en el Hemisferio, bajo hegemonía de los Estados Unidos, que impusiese los ajustes neoliberales y la orientación expor tadora a los países latinoamericanos exigidos por el Plan Brady para la Deuda Externa, en un momento en el que el horizonte de la recisión internacional parece tender a rearticular el mercado mundial en grandes bloques: la reformulación de la Doctrina Monroe como una Iniciativa para las Américas de la Administración Bush frente a la Europa del 92 o la hegemonía japonesa en
4- Forzar la crisis del Castrismo y volver a una situacion estrategica en el Hemisferio anterior a la crisis de los misiles de 1962, eliminando definitivamente la influencia de la URSS y el mal ejemplo de la Revolución Cubana.
Ha sido sin duda un "semestre negro" para quienes luchan por el socialismo en América Latina. Pero a comienzos de septiembre la ofensiva norteamericana mostraba señales de agotamiento, al mismo tiempo que las fuerzas que había pretendido ahogar empezaban a resurgir, haciéndola frente.
Las razones de ello son múltiples. La situación internacional ha girado de nuevo bruscamente con la Crisis del Golfo, reordenando las prioridades de la política exterior norteamericana. La recesión económica dejaba de ser una amenaza para convertirse en una realidad, recortando aún más las posibilidades de ayuda e inversiones de los Estados Unidos en América Latina, contrapartidas a los programas de ajuste neoliberales prometidas en la Iniciativa para las Américas. En las encuestas, Bush pasaba en meses de contar con el apoyo más alto otorgado por la opinión pública de los Estados Unidos a un presidente, tras la invasión de Panamá, a una crisis de confianza en su gestión, que refleja el coste político del debate en el Congreso sobre el déficit presupuestario, el retroceso republicano en las elecciones legislativas de noviembre y las perspectivas de una guerra terrible en el Golfo, que está dividiendo al país.
Incluso la política hacia América Latina comenzaba a recibir críticas de sectores republicanos y demócratas(2), por u indetinición, y el debate sobre l yuda militar a El Salvador en el Cor greso, con la memoria aún fresca de los asesinatos de los jesuitas, acababa en una derrota de la Administración Bush y con sus esperanzas de consenso bipartidista. Las visitas de Bush a Mexico y a Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela a finales de noviembre y comienzos de diciembre, después de haber sido aplazadas durante meses, no han tenido otro alcance que el de una operación propagandística de proclamar su hegemonía sobre América Latina, sin poder al mismo tiempo pagar la factura de su desarrollo y estabilidad social. La primera gira en ocho años de un presidente norteamericano por el Hemisferio ha sido, para el New York Times, la crónica de un desencuentro: "mientras Bush habla de democracia, los presidentes latinoameri-
canos hablan de deuda". Con el ruido de fondo de dos intentos de golpe de estado en Panama y Argentina, la ofensiva del FMLN en Él Salvador y la vic toria legislativa del M-19 en Colombia, no es de extrañar que cunda cierto excepticismo en cuanto a la profundidad del mensaje presidencial.
Los efectos combinados de la invasión norteamericana en Panamá y de la derrota electoral sandinista, con su tremendo choque psicológico, habian empujado a una lectura impresionista de la correlación de fuerzas real tanto izquierda latinoamericana como a Washington: que revela, en el caso de la primera, el peso de la herencia política de los años setenta y su dificultad para adaptarse a los cambios profundos económicos y sociales que han tenido lugar en la "Década Perdida" en Améri-
En Centroamérica, las dos huelgas generales impulsadas por la FNT sandinista contra la política neoliberal del gobierno Chamorro y el revanchismo godoyista coincidieron con un rearme político del FMLN en El Salvador, y con un cambio en su estrategia negociadora que le permitió no sólo escapar de la trampa que le tendía Washington, sino debilitar a Cristiani, mantener el equilibrio militar alcanzado en la ofensiva de noviembre de 1989 y lanzar una segunda, aunque de características distintas, un año después. En el resto de América Latina, la clase obrera y los movimientos populares resistían contra las políticas de ajuste neoliberal con una cadena de huelgas generales, con mayor o menor incidencia según los países y la capacidad de sus direcciones, en República Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil.
El desorden reina en Nicaragüa Esta misma voluntad de resistencia ha permitido analizar de manera mucho más realista los límites profundos de la política de Washington para Centro América y de su Iniciativa para las Américas, y recuperar la perspectiva a la izquierda latinoamericana. El encuentro de Sao Paulo, a iniciativa del PT brasileiro(3), es un primer paso en este sentido; ir de la resistencia a la elaboración de un nuevo proyecto alternativo, a través de debates como los que tienen lugar en Nicaragüa, en el FSLN, el Frente Amplio uruguayo o el propio PT, es la terea que tienen por delante las organizaciones revolucionarias de América Latina.
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La victoria de Violeta Chamorro y de la
UNO en las elecciones nicaragüenses de tebrero de 1990 pillaron también por sorpresa al Departamento de Estado.
Todos sus esfuerzos hasta los últimos días de la campaña habían estado dirigidos a darle contenido, recogiendo las críticas populares contra la política de ajuste económico sandinista y los deseos de paz, manteniendo la cohesión de la UNO y reforzando el aislamiento diplomático del FSLN. No existía un borrador sobre que hacer al día siguente de la victoria electoral.
Pero la reacción fue muy rápida, y la Administración Bush definió unas líneas generales en esos primeros días, que se han mantenido hasta el presente. El punto de partida era reconocer que la victoria electoral de Chamorro y la UNO no suponia la conquista del poder ni la quiebra total del FSLN. Por el contrario, se abría una larga transición, definida por una dualidad de poder, en la que el objetivo de Washington seguía siendo desgastar la base social del FSLN y su control sobre el Ejercito Popular Sandinista, en una táctica combinada, pero diferenciada, a partir del Gobierno Cha-
Esta visión "leninista" del Departamento de Estado ha sostenido "como la cuerda al ahorcado" los pactos Laca yo-Ortega, en nombre de la gobernalidad del país: mientras utilizaba la ayuda económica para condicionar la política de reajuste económico y de reducción militar del nuevo gobierno; alentaba una ofensiva revanchista legal del sector godoyista de la UNO desde el Ministerio de Educación, la Corte Suprema y la Asamblea Nacional; y estructuraba una base de masas extraparlamentaria, a partir de la contra desmovilizada y sectores lúmpenes en paro, para acorralar al gobierno Chamorro y enfrentarse con los sindicalistas de la FNT y los campesinos de las coperativas sandinistas. Como lo resumia la revista nicaragüense Envio, mientras que el apoyo norteamericano al gobierno Chamorro-Lacayo es táctico, su ayuda al sector godoyista de la UNO, que tiene las bendiciones de la Iglesia oficial, es estratégico.
La primera fase de esta política estableció una interdependencia entre la negociación de los acuerdos Lacayo-Ortega y la desmovilización de la Contra. Si la reacción del Departamento de Estado fue rápida tras las elecciones, la de la Comandancia del FSLN, a pesar del durísimo choque de su derrota, tampoco fue lenta. El discurso de Daniel Ortega prometiendo que el FSLN gobernaría "desde abajo" fue el verdadero punto de partida de las negociaciones para la transición del gobierno. Las dos palancas con las que jugó Washington en ellas fueron la desmobilización de la Contra y la presión sobre el FSLN de los gobiernos socialdemócratas europeos, de la URSS y de Mexico y Venezuela para arrancarle el máximo de concesiones.
Los acuerdos de Toncontin preveían la desmovilización de la Contra en sus bases de Honduras antes del 20 de abril, bajo vigilancia de las fuerzas de Naciones Unidas (ONUCA). Pero poca presión podía ejercer la Contra sobre las negociaciones desde Honduras. Por ello, Washington ordenó una infiltración masiva de la Contra en Nicaragüa, antes de las mismas elecciones de febremientras que en Naciones Unidas defendía un plan de desmovilización que suponia la creación de "bolsones" donde se concentrarían los contras armados. La tarea de ONUCA sería mantener un alto el fuego con las guarniciones del EPS. La Contra sólo abandonará los bolsones, entregando sus armas voluntariamente, cuando estimara que existían garantías y seguridades suficientes, es decir tras una negociación con el nuevo gobierno y estableciendo un paralelismo con la reducción de efectivos del EPS.
Washington y la Contra conseguirán asl, gracias a la cuyuntura política, lo que no habían podido lograr militarmente en diez años. La presión de la Contra llegó a poner al país al borde de una nueva guerra civil, mientras las negociaciones seguían su curso. El FSLN tuvo que ceder su control del Ministerio del Interior, pero la Contra mantendría unas fuerzas de policía propias en las zonas en las que se iban a reasentar sus combatientes. EI EPS, con Humberto Ortega a su frente, se mantuvo como el principal baluarte sandinista dentro del nuevo Estado, a cambio de aceptar un plan de reducción de tres cuartas partes de sus efectivos. En el legislativo, la mayoría de la UNO en la Asamblea Nacional no era suficiente para iniciar un proceso constituyente o alterar loa artículos básicos de la Constitución Sandinista, donde se recogian las principales conquistas socio económicas de la Revolución.
Mientras tenían lugar estas dos negociaciones, y las bases sandinistas y de la UNO-Contra se movilizaban en la calle con continuos enfrentamientos, lo que quedaba de base económica del país, tras años de sufrir la agresión imperialista, se desplomaba por un ba-
Sólo sustituir la ayuda soviética en petróleo requería unos 500 millones de dólares anuales, a lo que había que sumar los salarios del sector estatal y el mantenimiento de la infraestructura mínima. Lacayo y Mayorga viajaron a Washington y presentaron un plan de ayuda de urgencia de 300 millones de dólares para 1990 y 200 millones adicionales para 1991. El Congreso norteamericano había votado ya la asignación de 40 millones para la desmovilización de la Contra. Pero hasta el 28 de marzo, tras una dura batalla con la Casa Blanca, no aprobó la ayuda urgente para Nicaragüa y Panamá.
La aprobación de la ayuda no significó su concesión inmediata, sino el comienzo de otra cadena de presiones por parte de la Administración Bush para condicionar la orientación económica del Gobierno Chamorro y limitar el alcance de los acuerdos Lacayo Ortega. La AID tomo partido por Mayorga, que desde el Banco Central impulsó una dura política monetarista con devaluaciones semanales del córdoba, frente a un Lacayo más consciente de los costes sociales. A finales de noviembre, el propio Godoy tuvo que quejarse abiertamente de que la ayuda no estaba llegando, ni siquiera la prometida a la Contra, a pesar de las reiteradas declaraciones de Aronson de que ya había salido de Washington.
Al caos económico se unió la ofensiva revanchista del sector godoyista de la UNO. Desde su mayoría en la Asamblea Nacional, quiso alterar la composición del Tribunal Supremo para purgar posteriormente el sistema judicial del país, y cesó a todos los directores de centros escolares del país, declarando el puesto "de confianza política". El Gobierno anunció el despido de 15.000 funcionarios y la desmovilización de 10.000 soldados, sin otra perspectiva que el hambre. En el campo, los contras desmovilizados después del 27 de junio, tras las negociaciones con el gobierno que le había prometido tierras y aperos, se encontraron sin nada y empezaron a asaltar coperativas sandinis-
Con la Comandancia aún dividida sobre la línea a seguir, limitada por los Acuerdos con Lacayo e intentando mantener en lo posible la estructura del EPS, fue la Federación Nacional de Trabajadores, el sindicato sandinista, quien tomó la iniciativa y se lanzó a dos huelgas generales, en junio y septiembre, que paralizaron el país. La promesa de "gobernar desde abajo" de Daniel Ortega tomaba forma. Pero tam-
82 bién lo hizo el espíritu del godoyismo, que intentó frenar la huelga de junio con un intento de golpe de mando a la creacción de Nacional de Salvación, sobre la base de su mayoría legislativa, y la creacción de escuadrones paramilitares para enfrentarse a los huelgistas.
La renegociación de los acuerdos Lacayo-Ortega, aceptando parte de las reivindicaciones de la FNT, y el peligro de una generalización de la violencia que obligaría finalmente a intervenir al EPS contra los godoyistas, dividiendo a la UNO y dejando al gobierno Chamorro sin otro apoyo que el del FSLN, obligó finalmente a Washington a frenar a Godoy. El departamento de Estado en su visión "leninista", comprendió que en la correlación de fuerzas que habían establecido las huelgas, una ofensiva extraparlamentaria del godoyismo sólo podía provocar su aislamiento, la división de la Uno y reforzar al sandinismo como única alternativa nacional. La política de asedio tenía que continuar desde la Asamblea Nacional, condicionando desde Washington la política economica y presionando para la reducción del EPS desde las negociaciones de desarme regional centroamericanas. La movilización estraparlamentaria quedó desplazada a las zonas rurales de reasentamiento de la Contra, donde los alcaldes godoyistas, con el apoyo de la Iglesia, están intentando explotar el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno a la base campesina de la Contra.
Para el FSLN, las huelgas supusieron una inflexión importante en su proceso de reconstrucción política que debe acabar en su Congreso. Despues de meses de maniobrar en retirada, bajo el peso de la derrota electoral y del desconcierto de un número importante de cuadros, intentando manter la capacidad militar del EPS y el máximo de conquistas de la Revolución a través de los pactos negociados con el sector Lacayo-Cesar de la UNO, la reaparición de un movimiento de masas autónomo abrió una nueva etapa. Como explicaba la revista nicaragüense Envio, el mayor desafío político que tiene delante el sandinismo es como combinar dos políticas que son a la vez correctas y aparentemente contradictorias: impulsar la movilización autónoma de masas por sus reivindicaciones contra ambos sectores de la UNO, y mantener la gobernabilidad constitucional del país con los pactos Lacayo-Ortega frente al godoyismo y la permanente presión nortea-
El Salvador: de la ofensiva a la ofensiva, pasando por las negociaciones La ofensiva de noviembre de 1989 del FMLN se había fijado cinco objetivos
-mejorar a su favor la correlación de fuerzas militar; reafirmar al FMLN como un poder alternativo en El Salvador, que el Gobierno Cristiani no tenía más remedio que aceptar como interlocutor en unas negociaciones que se encuadraban en el proceso de paz de Esqui-
-frenar la represión contra el movimiento popular en las ciudades;
-introducir contradicciones entre la Tandona, la mayoria de ARENA y el sector Cristiani, debilitando a éste, y por otro lado entre el Gobierno y el resto de los partidos burgueses, en espe-
-mostrar el fracaso de la política contrainsurgente de Washington y reabrir el debate en el Congreso sobre la ayuda militar norteamericana al ejercito sal-
Un año después parece posible afirmar que la ofensiva alcanzó todos estos objetivos. Menos la defensa del movimiento popular urbano, que no consiguió recomponerse tras la ola de crímenes que culminó en el atentado contra la sede de FENESTRAS y el asesinato de los jesuitas. El equilibrio militar alcanzado y la dinámica regional del proceso de paz no dejaban otra salida a Cristiani y sus mentores en Washington que aceptar la apertura de negocia-
Pero la derrota electoral sandinista en febrero, y la crisis del estalinismo en Europa del Este, con sus efectos sobre Cuba, crearon tres meses después un marco psicológico totalmente distinto. De una actitud defensiva centrada en el reforzamiento político de Cristiani, la recuperación de la capacidad ofensiva del ejército y amortiguar el efecto del asesinato de los jesuitas en el Congreso, la Administración Bush pasó a creer que había llegado el momento de imponer una negociación a la baja al FMLN. Para el Departamento de Estado la derrota sandinista y la nueva actitud de colaboración de la URSS en la zona, recortaban de manera muy significativa la capacidad logística de la guerrilla, mientras que la crisis del estalinismo y el nuevo marco regional hacían entrar en crisis su proyecto político. Con la analogía de la desmovilización de la Contra había llegado el momento de
arrinconar políticamente al FMLN, y desgastarlo en las negociaciones. El resultado final serían unas elecciones, bajo control internacional, en las que la izquierda salvadoreña sería derrotada, después de haber sido desarmada tras un alto el fuego. De ahí que la mediación del Secretario General de Naciones Unidas en este proceso resultase indeseable, porque sólo podía crear un espacio de autonomía, amortiguando las presiones bilaterales de Washington sobre todos los participantes, directos e
Que la derrota sandinista provocó un intenso debate en el FMLN, es innegable. Y también diferencias en cuanto a la concepción y objetivos de la negociación (4). Los acuerdos de Caracas y Ginebra fijaron la fecha del 15 de septiembre para alcanzar un alto el fuego, pero siempre que se hubiesen alcanzado previamente acuerdos políticos. Entre tanto, el FMLN se reservaba el derecho de mantener sus operaciones militares y presionar con ellas al gobierno. Finalmente, los acuerdos reconocían un papel de mediación activo al Secretario General de la ONU, a través de su representante, Alvaro de Soto.
Para un sector del FMLN, do por la Resistencia Nacional, la misma coyuntura internacional que parecía jugar en contra de la actividad militar a largo plazo, facilitaba que a través de las negociaciones se pudiese abrir un espacio político, en el que reconstruir el movimiento de masas, desgastar a ARENA e ir a unas elecciones bajo supervisión de Naciones Unidas, que permitiesen la formación posterior de un gobierno de coalición entre la Democracia Cristiana y Convergencia Democrática. En una segunda fase, el FMLN podría llegar a acuerdos políticos con ese gobierno, acuerdos cuyo eje sería un "cambio de naturaleza"' del ejército. purgado de sus responsabilidades en los crímenes de estos años, reducido en sus efectivos, y con garantias constitucionales de que se mantendría fuera del conflicto político. Con esta visión, la UDN(5) fue resucitada para mantener una presencia directa en las negociaciones paralelas, que tenían lugar en la interpartidaria, sobre la reforma de la ley electoral y ofrecer un centro de coordinación legal al movimiento de masas en las ciudades.
Pero los acontecimientos irían demostrando las debilidades de esta orientación. En el Congreso norteamericano, la noticia del asesinato de los jesuitas bloqueó toda posibilidad de acuerdo bipartidista entre la Casa Blanca y la mayoría demócrata. Los sena-
82 dores Kennedy y Kerry propusieron una enmienda que, simplemente, cancelaba toda ayuda militar al Gobierno Cristiani en tanto no se condenase a los responsables de los asesinatos. El consenso de los demócratas acabó finalmente concentrándose alrededor de la enmienda presentada por los senadores Dodd y Leahy, que recortaba en un 50% la ayuda militar, condicionada únicamente a que el FMLN no se retirase de las negociaciones o lanzase una ofensiva militar que pusiera en peligro al Gobierno de Cristiani. El Congreso también decidió el envío a El Salvador de una comisión de investigación sobre la situación de los derechos humanos y el caso de los jesuitas presidida por e representante Mockley.
La táctica del Departamento de Estado fue aceptar parcialmente la posición demócrata, para intentar neutralizarla en un acuerdo bipartidista, según Aronson, era conveniente enviar una señal a la derecha de ARENA y al ejército, dominado por la Tandona, pero al mismo tiempor había que mantener palancas de presión para evitar que se impusiesen con su política de guerra total, siguiendo el modelo guatemalteco. Un recorte de un 30%, que quedase condicionado a que ambas partes llegasen a un alto el fuego en el plazo de 90 días y que el Gobierno Cristiani avanzase en la investigación y castigo del asesinato de los jesuitas, cumpliría este doble ob-
Pero la mayoría demócrata se negó a aceptar estos argumentos. El informe Mockley, y revelaciones posteriores, mostraron un panorama que implicaba no sólo a todo el Estado Mayor en el asesinato de los jesuitas, y a un gobierno Cristiani incapaz políticamente de enfrentarse a la Tandona, sino también una embajada norteamericana que había ocultado conscientemente pruebas, e incluso colaborado en atemorizar a la única testigo. El 28 de marzo, la Cámara de Representantes votó por 250 votos contra 162 el recorte del 50%. Después de tres rondas de negociaciones bipartidistas sin éxito, cuando la posición de la Casa Blanca era ya aceptar el 50% de recorte, pero condicionando a un alto el fuego en 60 días, con o sin acuerdos políticos previos; y un viaje de Cristiani a Washington, acompañado • de Ponce, nuevo ministro de defensa, en el que no consiguió ni la colaboración de tres jueces norteamericanos para responsabilizarse de las investigaciones, el Senado norteamericano votó finalmente la enmienda Dodd-Leahy por 74 votos contra 25(6).
A estas señales de debilidad de Cristiani, dentro y fuera de El Salvador, incapaz de imponerse al ejército en las investigaciones de los jesuitas, e incapaz de representar sus intereses ante Washington, se sumó la completa autonomización del ejército en el proceso negociador, con una declaración pública de que su representante directo, el coronel
Vargas, sólo podía expresar las posiciones de la "Asamblea de Oficiales".
El siguiente paso fue la presentación de una plataforma de 33 puntos que descartaba cualquier cambio de "naturaleza" del ejército y fijaba como única salida de las negociaciones una rendición del FMLN. Al mismo tiempo, se iniciaba una nueva campaña represiva contra lo que quedaba de movimiento popular en San Salvador y una ofensiva en el norte del país contra las posiciones del
En la reunión de Costa Rica, a finales de julio, se alcanzaron acuerdos parciales con el gobierno sobre el respeto de los derechos humanos, y la constitución de una comisión de vigilancia de Naciones Unidas para después de un alto el fuego. Pero mientras tanto, el ejército volvía a utilizar los escuadrones de la muerte y el caso de los jesuitas seguía en el limbo. Era evidente la imposibilidad de alcanzar acuerdos políticos sobre la reforma del ejército antes del 15 de septiembre, y más importante que eso: que Washington no estaba dispuesto a presionar al ejército, su último instrumento de dominación en El Salvador, ni a permitir la menor concesión a un FMLN, del que sigue exigiendo una rendición con garantías
Durante el mes de agosto, el FMLN tuvo que evaluar la situación y operar un giro en su concepción pública de las negociaciones, que se plasmó primero en una nueva plataforma negociadora de 18 puntos y más tarde en una proclama a la nación de la Comandancia: "Por la Revolución Democrática Nacional". El nuevo eje de su postura sería la desmilitarización total y la reducción paralela de los dos ejércitos en conflicto, el antidemocrático y el democrático, hasta la total abolición de las fuerzas armadas. Sólo así sería posible un alto el fuego.
El estancamiento de las negociaciones, una vez que se llegó al punto central de la reforma militar, y las nulas perpectivas que ofrecen la elecciones de marzo, reducidas por la represión a un problema interno de la derecha, volvía a trasladar inevitablemente el conflicto al terreno militar. El ejército redobló sus esfuerzos en el norte del país, con una ofensiva en Morazán. El
FMLN, por su parte, consciente de que el doninio del aire por parte de ejército está, junto al apoyo norteamericano limitado parcialmente ahora por el voto del Congreso, la principal baza del gobierno, lanzó a su vez un ataque contra los aeropuertos militares del país, en especial Llopango. La ronda de negociaciones de octubre volvió a constatar el bloqueo en que se encontraban.
Pero en noviembre la situación comenzó a cambiar; Alvaro de Soto introdujo un nuevo mecanismo negociador en el que se reforzaba su papel mediador, y aumentaba la presión sobre el ejército, y el FMLN lanzaba una nueva ofensiva que recortaba la movilidad terrestre del ejército y sobre todo, con la utilización de misiles SAM tierra-aire, amenazaba el control aereo del gobierno. En dos semanas, causó unas cuatrocientas bajas y derribó dos aviones, tres helicópteros y otras unidades de
El agotamiento de la política de la Administración Buhs se hizo patente. Reaccionar enviando más ayuda exigía, de acuerdo con la condicionalidad introducida por el voto del Congreso, declarar que la ofensiva ponía en peligro al mismo Gobierno Cristiani. Washington no tuvo más remedio que limitarse a ejercer el máximo de presión indirecta sobre el FMLN, a través de Mexico, Venezuela y la CEE, y a entregar los 48 millones de ayuda votada para 1991. Sus esperanzas de reconstitución política de la derecha en las elecciones de marzo tampoco se presentan mejores. Su presión sobre la Democracia Cristiana para evitar cualquier acercamiento hacia Convergencia Democrática, y reorientarla hacia un pacto postelectoral con Cristiani ha acabado en la práctica con una división entre sus dirección nacional y los alcaldes, agravada por prohundiéndose en su debilidad, mientras el sector D'Aubisson, inspirador intelectual de los crimenes de los jesuitas, FENESTRAS y Oqueli, refuerza su hegemonía sobre ARENA y el conjunto del Estado, en alianza con la Tandona.
Es imposible predecir como evolucionará la situación en los próximos meses. Las posibildades de alcanzar acuerdos políticos antes de marzo es
Pero a finales de 1990 si es posible constatar que el asedio político y militar que Washington quiso establecer alrededor del FMLN, tras la derrota electoral sandinista, ha sido roto por la guerrilla y que ésta ha recuperado la iniciativa en ambos terrenos.
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G.Buster Centroamérica: bienvenido
Mr. Marshall La cumbre de presidentes centroamericanos de Antigua, en el mes de junio, significó el fin de la autonomía del proceso de paz regional y la reimposición de la hegemonía norteamericana. importante que las reuniones multilaterales de los presidentes fueron las entrevistas bilaterales que les concedió por orden alfabético el Secretario de Estado, Baker, desplazado hasta Guatemala para tan digno evento. El portavoz norteamericano destacó que era la primera vez que todos los presentes habían sido "electos democráticamente" (alguno había, incluso, jurado su cargo en una base norteamericana) y que su coincidencia en la necesidad de aplicar una política de ajuste neoliberal en sus respectivas económias permitía, por fin, abordar el problema del desarrollo de la región.
El modelo a seguir, según Baker, era el del G-24 para Europa del Este. Los EE.UU., con serios problemas presupuestarios, no podria en el tuturo aumentar su ayuda, pero si coordinar la que ofreciesen Japón y los países de la CEE. Cinco meses más tarde, la oferta intentó cobrar cuerpo con el lanzamiento de una "Asociación para la Democracia y el Desarrollo en Centroamerica" (ADD), que en su primera conferencia constató el escaso deseo de japoneses y europeos de subordinar su ayuda a os intereses politicos norteamericanos, en un momento en el que el Congreso declaraba su negativa no sólo a incrementar sino a mantener su nivel de
En la cumbre centroamericana de diciembre, los presidentes tuvieron que escuchar que no podían esperar nuevas ayudas, y que las prioridades norteamericanas habian cambiado. Les recomendaron dirigir sus presiones hacia japoneses y europeos, pero insistiendo en la necesidad de que Washington supervisase el conjunto de la ayuda, a través de la ADD.
Poco más se avanzaba en las negociaciones de desarme regionales, concebido exclusivamente como un elemento de presión sobre el EPS, que pasó a ser el ejército con menos efectivos de la región, con excepción de Costa Rica. Los ejércitos de El Salvador, Guatemala y Honduras, obviamente, tenían misiones que cumplir en la lucha antiguerrillera contra el FMLN o la URNG, (aunque ello significara acabar con las negociaciones en este caso) El paquete de ayuda urgente, para
"consolidar la democracia" en Nicaragüa y Panamá, 320 y 400 millones respectivamente, fue aprobado por el Congreso norteamericano a finales de marzo, después de una cadena de manifestaciones en ambos países, la visita angustiada de Violeta Chamorro y Endara a Washington, y la huelga de hambre de este último en la Catedral de Panamá, que constituyó en si misma un capítulo de realismo mágico. Nueve meses más tarde, el mismo
Use quejaba de que la ayuda no había llegado aún en su totalidad a Nicaragüa, y en Panamá sencillamente desaparecía en la refinanciación de bancos y en los comercios de la Avenida de España, mientras los habitantes de los barrios destruidos seguían viviendo en tiendas de campaña.
La estabilidad democrática que debía haber surgido en Panamá cobraba formas tragicómicas como los amores de Endara; la busqueda sin éxito de oficiales no implicados en la corrupción anterior para dirigir a la nueva policía, fundada sobre los restos de las FDP; el anuncio de un intento de golpe de estado por un sector del gobierno, desmentido por el otro; la fuga del acusado, el Coronel Herrara, y la represión norteamericana de su intentona real, a la que se sumaron 50 policías; y, por último, las vicisitudes legales del juicio de Noriega en Florida, que al final puede no tener lugar por violaciones gubernamentales de su derecho a mantener comunicaciones secretas con sus abo-
En este panorama, con un aumento diario de la miseria y de la tensión social, la principal preocupación norteamericana fue imponer al nuevo gobierno un tratado de asistencia legal, que obligaba a la banca a permitir la inspección de sus cuentas a la justicia norteamericana. La defensa de la soberanía y su conciencia de clase hiceron declarar al representante de la Asociación de Banca que el acuerdo sólo se firmaría sobre su cadáver. Perder el negocio del lavado de dinero de todo el narcotráfico de América Latina no es precisamente la razón por la que la burguesía panameña se lanzó contra Noriega. Después de tres días de amenazas, Kozak tuvo que volver a Washington sin haber obtenido la firma del tratado.
En Guatemala, el avance en el proceso de negociación para acabar con la guerra entre la URNG, la interpartidaria y la patronal obligó a intervenir al ejército en el momento mismo en el que debían iniciarse los encuentros entre la guerrilla y el gobierno. En un país en el
que el asesinato constatado de 100.000 personas y la desaparición de otras 40.000, entre 1970 y 1986, han dado su nonbre a una forma de guerra contrainsurgente, la gota de agua para los EE.UU. fue la decapitación de un norteamericano, Michel Devine, en junio de este año. El Presidente Cerezo, para mostrar su buena voluntad, no tuvo inconveniente en asegurar al embajador norteamericano la autoría del ejército. Y el Departamento de Estado amenazó con cortar la ayuda militar de 3,3 millones que concede al ejército guatemalte-
La nueva situación regional en Guatemala ha significado, simplemente, que el ejército decidía que en las próximas elecciones iba a ganar democráticamente la extrema derecha. Rios Montt volvió a mobilizar la estructura clientelar del ejército y, ante la prevista imposibilidad constitucional de presentarse, volcó sus votos en su ex colaborador, Serrano, que acabará derrotando en la segunda vuelta al candidato preferido de los nortamericanos, Jorge Carpio. A finales de noviembre, el ejército volvió a su política de tierra quemada, asaltando un poblado maya y asesinando a 28 de sus habitantes, incluidos mujeres y niños.
La preocupación del Departamento de Estado por los derechos humanos en aquel país esconde que la ayuda civil a Guatemala es de 115,9 millones, en 1990, mucha de ella en programas de formación de policía de la AID. La solución de recambio para las próximas elecciones, el General Gramajo, jefe del Estado Mayor hasta hace unos meses, que disfruta de una beca para realizar un master en Ciencias Políticas en Harvard, justificó el secuestro y violación de la monja norteamericana Diana Ortiz, en noviembre de 1989, alegando que había sido una "pura invención" para ocultar una relación lesbia-
Los 3.3 millones de la ayuda militar norteamericana no pueden compararse con las ganancias que obtiene el ejército del narcotráfico. Guatemala es hoy el principal punto de escala de la cocaina hacia los EE.UU. y se calculan en unas 2.000 las hectáreas dedicadas al cultivo de opio. La previsión norteamericana permite predecir que después de Serrano el próximo presidente de Guatemala será Gramajo(8).
La Iniciativa para las Americas El tercer objetivo de la política nortea-
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G. Buster mericana hacia América Latina en esta nueva fase, el más ambicioso a largo plazo, es la de articular y redefinir en un nuevo modelo el conjunto de sus relaciones con los países del Hemisferio. Para asegurar su hegemonía política y económica en este bloque frente a la esfera de influencia japonesa en el Pacífico y el mercado único europeo, con la atracción que supondrá para Europa del Este y la URSS
Cinco grandes temas han dominado la formación de este discurso:
1) La renegociación de la deuda externa con la banca comercial de los países latinoamericanos, en especial México, a través del Plan Brady. La necesidad de conceder créditos puente directamente por parte norteamericana o del Banco Mundial (BM), para ponerse al día del servicio de la deuda, inmediatamente creo un orden de preferencias, según la importancia de las economías de los distintos países para la economía norteamericana, y se plasmó en una concepción centro-periferia a nivel
2) La defensa de una política de ajuste neoliberal, cuyo objetivo es favorecer la dualización de las economías latinoamericanas priorizando un sector exportador, que pueda con sus ingresos mantener el servicio de la deuda exterior. La privatización del sector estatal, construido por las políticas proteccionistas y populistas para favorecer el crecimiento de los mercados internos, responde a esta lógica, restructurándolos con su venta a capital extranjero. Con la escusa de buscar nuevas inversiones, se realiza de hecho un nuevo trasvase de capital hacia el exterior. El mercado interno se convierte así, ante todo, en un problema de gestión del orden público, y en el dominio por exdel estado en esta nueva "contrarevolución democrática", frente al sector exterior, en el que debe reinar
3) La lucha contra el narcotráfico, escenificada en la Cumbre de Cartagena, permitió justificar, en nombre del "bien común", una presencia militar permanente norteamericana en América del Sur y la coordinación con los ejércitos de estos países, sustituyendo la vieja y conocida teoría de la Seguridad Nacional, que los nuevos gobiernos democráticos no podrían defender. A diferencia del objetivo latinoameicano de erradicación de cultivos mediante su sustitución, la orientación norteamericana de represión militarizada busca controlar la oferta de droga en el mercado y, a través de los mecanismos de corrupción que crea, a los ejércitos y a la nueva que se ha desarrollado al amparo del único sector exportador de materia prima que ha conseguido mantener su precio ante la recesión. Al mismo tiempo, se da una respuesta al problema ineludible que plantea el consumo en los EE.UU. para su propia opinión pública.
4) La preocupación por el medio ambiente, expresada en la fórmula cambio de dueda en bonos swaps por inversión para la defensa de los bosques tropicales, responde ya a una conciencia no sólo de la opinión pública norteamericana, sino también de la propia Administración, de los efectos económicos que puede tener a corto plazo el "efecto invernadero" y la destrucción de fuentes de materias primas para las industrias quimicas y tarmaceúticas.
5) Reconducir las aspiraciones de integración latinoamericanas, resucitadas con la Guerra de las Malvinas, en un proyecto más amplio que no se enfrenta a los EE.UU. sino que se subordina a sus intereses, rejuveneciendo la OEA, refinanciando al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e integrando en la Iniciativa para las Américas al Grupo Andino y al Grupo Brasil-Argentina-Uruguay. La mejor expresión de su éxito ha sido la "comprensiva" respuesta del Grupo de Rio a la invasión de
El caso de México merece un análisis especial, por breve que pueda ser. A diferencia de la Administración Reagan, la Administración Bush definió desde la misma campaña electoral la prioridad de México en sus relaciones con América Latina. El flujo emigratorio, del que depende el bajo precio del mercado de trabajo en la economía del Sudoeste, la creciente importancia política de la minoría hispana, en su mayoría Chicanos, y el volumen de las inversiones y las exportaciones norteamericanas en México: exigían romper la herencia del nacionalismo proteccionista del Estado mexicano y crear una relación de dependencia directa de la economía norteamericana, semejante a la establecida con Canadá a través de los acuer-
El proyecto "modernizador" de Salinas de Gortari, su respuesta a la crisis de la hegemonía política del PRI, encontró en el respaldo norteamericano, en especial de Bush, un apoyo político que empezaba a faltarle en el interior. El primer obstáculo, la refinanciación de la deuda mexicana, pudo ser salvado por esta voluntad política que agotó en la práctica las posibilidades del Plan
Brady: Cuando la casi totalidad de los bancos comerciales optaron por la fórmula de reducción directa de sus deudas, frente a la concesión de nuevos créditos, EE.UU. ofrecío un crédito puente de 1.800 millones de dólares y gestionó la concesión de otros 2.600, del BM y del FMI.
El siguiente paso tuvo lugar en la visita "privada" de Salinas de Gortari a Washington, en el mes de junio. En ella se anuncío el "inicio de una fase preparatoria" para las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, Canadá sería invitado a sumarse, con el objetivo de crear una zona unificada de libre cambio en toda Norteamérica. El primer borrador de negociación debería estar listo en diciembre, para un nuevo encuentro presidencial, tras la reunión de la Il Comisión Mixta en el mes de agosto, que decidió limitar los campos de negociación de la primera fase a la reducción de barreras arancelarias y la eliminación de monopolios estatales, excluyendo la libre circulación de la mano de obra(9).
El volumen de ayudas obtenido por México era irrepetible, y así lo anunció el propio Brady. Sólo Costa Rica recibió un trato similar, por razones estratégicas obvias. Los países exportadores de petróleo, como Venezuela y Ecuador, pudieron aprovecharse de la subida de los precios del crudo tras la crisis del Golfo. Pero Brasil y Argentina se han ido hundiendo en el callejón sin salida de una cascada de planes económicos espectaculares, que a pesar de sus tremendos costes sociales no han conseguido reducir la inflación en términos manejables, ni elaborar un esquema negociador aceptable para sus acreedores. Pero el Plan Brady había acabado con cualquier esperanza de un bloque común de los países deudores. Y este era su mayor éxito.
El 27 de junio, ante los embajadores latinoamericanos acreditados en Washington, el Presidente Bush anunció su "Iniciativa para las Américas", com-
-Comercio: conprometiéndose los EE.UU. a un esfuerzo liberalizador en al Ronda Uruguay del GATT y a encabezar la protesta latinoamericana contra la política agrícola de la CEE. Además, los EE.UU. concederían cuotas de mercado especiales, a través de acuerdos transitorios (siguiendo el ejemplo de Bolivia) a aquellos países que desearan sumarse a la Iniciativa, pero que no estuvieran preparados para llegar a acuerdos de libre comercio, como el de México.
82 - Inversiones: impulsando la creacción de un tondo para el desarrollo tecnoló gico en el BID, de 300 millones de dó.
lares, con aportaciones a partes iguales de EE.UU., Japón y la CEE. Las concesiones de ayudas estarían condicionadas a la aplicación de políticas económicas neoliberales, a imitación del BM-
- Deuda Externa: con la posible condonación de la deuda oficial norteamericana a través de negociaciones bilaterales (12.000 millones de una deuda total de 260.000 millones de dólares); la creacción de un sistema de cambio bonos swap de deuda por inversiones en medio ambiente; y la concesión de fondos al BM-FMI para créditos puentes en las negociaciones de la deuda comercial, siempre que los países cumpliesen las exigencias de estas institu-
El carácter marcadamente "ideológico" de esta propuesta, con el volumen y la profundidad de los problemas latinoamericanos, no impidió que imediatamente fuera aclamada por todos los gobiernos de la zona. De entrada, la Iniciativa justificaba las políticas de ajuste neoliberales y de saqueo de los bienes del estado que aplicando, haciéndolas "inevitables", no ya por razones teóricas sino por las exigencias de Washington, que en su día recompensaría los costes sociales con ayudas para ingresar en el centro de la nueva zona de libre cambio, después de negociar cada nivel de avance desde la marginación inicial de la periferia, a la que había conducido los des-
En tres meses hubo una verdadera avalancha de visitas presidenciales sobre Washington, para pedir la creación de comisiones mixtas y asegurarse un puesto en la cola de las negociaciones bilaterales. El miedo puede más que la sensatez y las perspectivas de una recesión económica internacional, que reduciría aun más la cuotas del mercado norteamericano para las exportaciones de los distintos países competidores de América del Sur; el fracaso de las negociaciones de la Ronda Uruguay; las dificultades casi insalvables de la negociación de la deuda comercial; y el agotamiento de la capacidad de aguante de la población de los costes de las políticas de ajuste, han convertido a la Iniciativa en la última esperanza antes del caos para un sector importante de la oligarquía latinoamericana.
El estallido de la Crisis del Golfo limitiva, una vez que reordenó las prioridades de la Administración Bush, en su papel de única superpotencia en la post-Guerra Fría. La anunciada gira de Bush en septiembre a Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, la primera de un presidente de los EE.UU. por la zona en ocho años, fue aplazada. En su discurso ante el Banco Mundial, Brady no cito a un sólo país latinoamericano entre los diez más afectados económicamente por la Crisis del Golfo. La diferencia entre países consumidores y productores de petróleo permitió situar, "naturalmente" distintas economías latinoamericanas en los distintos círculos periféricos.
El entusiasmo por la Iniciativa no sólo sino que aumentó. La OEA y el SELA, el nuevo bloque comercial Brasil-Argentina-Uruguay-Paraguay seguian organizando reuniones para su estudio, al mismo tiempo que la propia Secretaría del Tesoro intentaba frenar estas presiones, reconociendo que la Inicativa no era un plan economico, sino un mero borrador para inspirar las negociaciones bilaterales en los tres campos en los que quería ope-
Mientras que en toda América Latina estallaba una oleada huelguista contra las políticas de ajuste neoliberales exigidas por la Iniciativa, con especial incidencia en República Dominicana, Nicaragüa, Perú, Brasil y Argantina, el Banco Interamericano de Desarrollo llegaba a auténticos niveles de delirio en su defensa de esas políticas. En su informe anual sobre el "Progreso Económico y Social de América Latina" se afirma que gracias a esta nueva orientación, las economías de la zona no solamente podran salir de la "Década Perdida", sino alcanzar un crecimiento del 5,5 anual, por medio de la iniciativa del sector privado y la coordinación regional a través de la Iniciativa. Ese mismo mes, en la "Il Conferencia sobre la Pobreza", convocada en Quito, se anunciaba que en diez años la mitad de la población de América Latina viviría por debajo de la línea de la pobreza crónica, y según el PNUD son necesarias inmediatamente inversiones por valor de 282.000 millones de dólares (el equivalente al 70% de la deuda externa actual) para asegurar la vivienda y los servicios básicos imprescindibles para estos "nuevos pobres" (10).
La visita de Bush tuvo lugar, finalmente, en la primera semana de diciembre, respondiendo a las presiones latinoamericanas y por no crear un desequilibrio absoluto con el caso mexicano, cuya visita estaba comprometida
para finales de noviembre. Esta, a pesar de las afirmaciones de un diplomático norteamericano al New York Times de que su contenido "se podría haber sustituido por una llamada de teléfono", demostró la voluntad política de Bush y Salinas de Gortari de seguir avanzando en el camino del tratado de libre comercio, a pesar de la oposición surgida en México y los EE.UU.. La gira de diciembre por América del Sur no tenía nada nuevo que ofrecer, a pesar de las expectativas creadas. Hasta la condonación de la deuda oficial en ayuda alimentaria está condicionada a negociaciones país por país.
En otro de los "nuevos temas", la lucha contra el narcotráfico, la política norteamericana tampoco parece haber mantenido el impulso de la Cumbre de Cartagena. El gobierno colombiano de Gaviria, que no ha encontrado satisfacción a sus peticiones de ayuda o mantenimiento de sus cuotas comerciales en los EE.UU., cambió su política de extradiciones y abrió en la práctica el camino de la negociación con los cárteles. El ejército peruano, por corrupción y preocupacion de un reforzamiento de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, vetó la firma de un acuerdo de colaboración en la lucha contra el narcotráfico por parte de Fujimori. El gobierno de Paz Zamora si tuvo que ceder a la pretensión de una mayor participación del ejército de tierra boliviano en la represión del cultivo, para obtener los 33,3 millones de dólares de la ayuda prometida en este terreno. Por último, el responsable de la política anti-droga norteamericana, Bennett, dimitía el 6 de noviembre, alegando, aunque después sería desmentido, contra él y su familia". Su sustituto, el ex-gobernador de Florida Bob Martínez, era saludado por Bush como un hombre que no había dudado en firmar durante su mandato 107 ejecuciones.
Asediando al caimán
El último objetivo de la política norteamericana en América Latina es la destrucción de la Revolución Cubana. Después de treinta años de bloqueo, la crisis del estalinismo ha abierto posibilidades reales de asediar por hambre al castrismo. Pero la prioridad de las relaciones con la URSS, y la falta de una oposición organizada en el interior de la isla, han empujado a Washington a mantener su política tradicional y esperar, en la hipótesis de que el castrismo se derrumbará en su propia crisis económica y social. La presión norteamericana sólo debe ser exterior sobre la
EMA
82 URSS, para que corte sus suministros, e incrementando el bloqueo; mientras se alienta desde Radio Martí el descontento interno.
La Fundación Cubano-Americana, presidida por Jorge Mas Canosa, que se postula como el próximo presidente de Cuba, ha conseguido monopolizar tanto en la Casa Blanca como en el Congreso la política norteamericana hacía Cuba. Cuenta para ello con su asociación con el hijo del Presidente y con el control de la red financiera y política del partido republicano en Florida. Desde esta plataforma, Mas Canosa ha podido impulsar en el Congreso, con el apoyo de la Casa Blanca, TV-Martí y la enmienda Mac a la Export Administratión Act. que amplía el bloqueo a las subsidiarias nortamericanas en terceros países. La batalla de TV Martí, tras asegurarse el control ideológico de Radio Martí con el cese de su director Betancourt, ha demostrado el grado de influencia de la Fundación. Tras un periodo de pruebas en el que se pudo constatar la eficacia cubana para bloquear la señal de TV Martí en la isla, el informe presidencial pedía al Congreso la continuación de la emisiones, a las tres de la madrugada y por escasos segundos, alegando que un cierre supondría un triunfo moral de La Habana y que en una tutura crisis, como en Europa del Este, la emisora podría llevar su mensaje. El informe, presentado días antes del receso de verano del Congreso, quedó aprobado automáticamente al cumplirse los plazos de objeciones antes de que se reanudasen sus
La crisis de las embajadas, durante el verano, mostró sin embargo que el límite de la política de acoso norteamericana era el temor a un nuevo Mariel, a la llegada de una nueva oleada de emigrantes a Miami que provocaría una crisis social. La Sección de Intereses Norteamericana en La Habana se cerró a cal y canto. La reducción por las autoridades cubanas de la edad necesaria para poder viajar al exterior libremente, de 65 a 45 años, tampoco encontró otra respuesta de Washington que un endurecimiento de sus reglamentos emigratorios para evitar las peticiones de asilo político. De las 20.000 salidas previstas hacia los EE.UU. por el Acuerdo Emigratorio de 1984, sólo se llegan a autorizar anualmente por parte norteamericana 1.500 casos.
La Crisis del Golfo le sirvió a los EE.UU. para contraponer la abstención cubana en el Consejo de Seguridad en la votación sobre las sanciones a Irak y su voto negativo al ultimátum del 15 de enero, a la actitud del resto de los países; reforzando el aislamiento internacional de La Habana, y justificando su política de bloqueo.
15 de diciembre de 1990 NOTAS
(1).- El presente artículo es continuación de otros dos publicados con anterioridad en Inprecor, en los números 72 y 75
(2).- Ver George A Fauriol. "The Shadows ofLatin American Affaires", en Foreing Affairs, America and the World 1989-90; del consejero electoral de Bush para América Latina, lliam Perry, "In Search of a Latin American Policy: The Elusive Quest", en The Washington Quatorly, primavera de 1990; y a Abraham F. Lowenthal, "Rediscovering Latin América", en Foreing Affairs, otoño de 1990.
(3).- Para las resoluciones del Encuentro de Sau Paulo, ver Inprecor, edición Latinoameri-
(4).- L.a descripción que se hace de las posturas dentro del FMLN es producto de conversaciones con militantes del FMLN, pero no de la consulta de textos, más allá de las declaraciones oficiales.
(5).- La Union Democrática Nacionalista de izquierdas (UDN) tue fundada hace 21 años y obtuvo diputados en las elecciones de 1979 Tras la represión de aquel año, la mayoría de sus dirigentes se sumaron a la Resistencia Nacional, uno de los grupos que componen actualmente el FMLN. En julio de este año volvió a la actividad política.
(6).- Frenta a la enmienda Dodd-Leahy, demócrata, la Administración Bush presentó la enmienda Graham-McCay. Esta enmienda fue derrotada por 58 votos contra 39, que refleja mas exactamente la correlación de fuerzas en
(7).- Sobre las razones de la invasión de Panamá, ver el artículo antes citado en Inpre-
(8).- La mayoría de los datos sobre la "nueva" política del Departamento de Estado en Guatemala provienen de Michael Massing, "The New Game in Guatemala", The New York Review of Books, 25 de octubre de
(9).- En los EE.UU. la oposición al Tratado de Libre Comercio esta encabezada por los sindicatos AFL-CIO. En México, la principal oposición nace de la defensa de las nacionalizaciones de los años 30, en especial la industria petrolera, por parte de la izquierda.
(10).- En su reciente libro "US Hegemony Under Siege: Class, Politics and Development in Latin America". James Petras dedica un corto pero apasionante capítulo a explicar la "Metamorfosis de los Intelectuales Latinoamericanos" y su evolución desde la izquierda a una nueva derecha "tecnocrática". La base social de esta evolución, según Petras, sería el papel que han jugado las fundaciones en el empleo de los intelectuales latinoamericanos en el exilio y bajo las dictaduras.