La revolución en Estado de Sitio
L A revolución nicaragüense está en
estado de sitio. La ofensiva del imperialismo y de sus aliados locales se acentúa. El imperialismo norteamericano trata de evitar con todos sus medios la creación de un Estado obrero en esta América Central que considera como su coto priva-
Hasta ahora, los organismos gestores de créditos multilaterales habían podido canalizar unos préstamos relativamente importantes para la reconstrucción de la economía de Nicaragua. Pero ahora, los Estados Unidos están decididos a bloquear un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EI BID desempeñó un papel considerable en la concesión de préstamos a Nicaragua. De julio de 1979 a junio de 1981 entregó 181,1 millones de dólares, de un total de 430,4 milones acordados por este tipo de instituciones internacionales. Los Estados Unidos ya han anulado 80 millones de dólares de préstamo. Esto ha comportado la negativa del Export Import Bank a financiar las ventas realizadas por empresas privadas norteamericanas en Nicaragua. Dada la situación extremadamente difícil de las finanzas nicaragüenses, todo rechazo de un préstamo tiene una repercusiones muy graves. La parte fundamental de estos préstamos está vinculada, es decir, destinada, a un proyecto preciso. Su supresión implica muchas veces la postergación de estos mismos proyectos.
Al arsenal utilizado actualmente contra la revolución nicaragüense, el imperialismo norteamericano podría añadir próximamente, de común acuerdo con algunos regímenes latinoamericanos, el bloqueo económico de Nicaragua.
El conjunto de estas presiones está destinado a preparar el terreno para unas operaciones de desestabilización del régimen sandinista. Así, el periodo que va de noviembre a febrero de 1982 es muy delicado. Es el de las cosechas que exigen una fuerte movilización interna de la mano de obra, máxime cuando se ha detenido la inmigración de los trabajadores temporeros de Honduras, y cuando la reforma agraria en Nicaragua ha comportado una disminución de la mano de obra disponible para las cosechas. Así, todo esfuerzo mayor impuesto por la defensa militar de la revolución y del país amenaza con comprometer el desarrollo de las cosechas.
Un bloqueo económico no haría sino incrementar al extremo la penuria de bienes de primera necesidad, cuya escasez es ya muy sensible. Por tanto, su finalidad no consiste únicamente en estimular el descontento en algunos sectores de la población, sino de indicar a los demás pueblos del continente el precio que debe pagar un pueblo para escapar de las garras del imperialismo y del capitalismo. En este contexto, la "oposición interior", las fuerzas burguesas, van a intervenir para hacerse eco de la campaña imperialista.
En 1980, la reactivación económica se basó ampliamente en una política de subvención a los bienes de consumo y de créditos baratos concedidos al sector privado, industrial y agrario. A comienzos del año 1980 aparecieron una serie de deficiencias:
a) El área de propiedad del pueblo (APP) no se desarrolla ni con el ritmo ni con la eficacia previstos (las empresas de Somoza estaban muy lejos de ser rentables todas ellas en términos económicos), y las ganancias del sector público son reabsorbidas por los diversos subsidios.
b) La disminución de las inversiones privadas se estima en un 51%, y las del APP no compensan totalmente este retroceso.
c) La política de déficit presupuestario y crediticia impulsa la inflación.
d) Las importaciones y su precio han aumentado en el momento en que descendían los precios de los productos exportados (caída del curso del café, del azúcar, del algodón), y en que las inversiones extranjeras habían descendido a cero. El déficit de la balanza de pagos, por tanto, no hace sino aumentar, al igual que el déficit comercial.
El pago de intereses y devoluciones de las deudas, al margen de las condiciones ventajosas de renegociación de la deuda heredada de Somoza, estrangulará cada vez más a Nicaragua: aproximadamente el 28% de los ingresos de la exportación se verán absorbidos así en 1981. Este drenaje de divisas implica simplemente una disminución drástica de las posibilidades de inversión del Estado y de importación de bienes necesarios para la industria y la agricultura.
Las medidas de austeridad adoptadas por el plan de 1981, y el hecho de que se ponga el acento en el incremento de la producción y de la productividad, no han cambiado sustancialmente la situación. A mediados de año, la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reconocía que no se alcanzarían los objetivos —en términos de crecimiento, de empleo y de inflación (aproximadamente el 40%, mientras
América Central y Caribe que el plan preveía el 12,8%). La crisis económica internacional, la desarticulación del Mercado Común Centroamericano, las fluctuaciones a la baja de los productos agrícolas de exportación, contribuyen a agravar esta situación.
Si a ello se añade el sabotaje imperialista y de los capitalistas nacionales (un 44% de disminución de las inversiones en 1981, y prestados del Estado- y de técnicos). El volumen insuficiente y la naturaleza de la ayuda aportada por los países de "economía planificada" no pueden contrarrestar ni mucho menos los efectos de este sabotaje. A todo ello hay que sumar necesariamente el coste multiforme derivado de la necesidad de mantener un amplio ejército profe(70.000), para defender la revolución frente a los agresores extranjeros.
El 19 de julio, la dirección del FSLN anunció la adopción de una serie de medidas. Se refieren a la nacionalización de la distribución del azúcar; la nacionalización de las exportaciones no tradicionales (ron, soluble, aceites, harinas, etc...); la confiscación de los bienes de las personas que han abandonado el país desde hace más de seis meses; la confiscación de 15 empresas acusadas de haber "descapitali-
By que en muchos casos ya han sido ocupadas por los trabajadores.
Se subraya también la lucha contra la descapitalización. preveía ya en marzo de 1980 la expropiación en caso de sabotaje económico. Sin embargo, el largo trámite jurídico necesario debilitaba su eficacia. Un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) explica en Barricada, que «el cambio no afecta tanto al contenido de la ley como ja las modalidades de su aplicación, autorizando la confiscación inmediata, por el Estado y no por el Ministerio de
Justicia, de la Empresa, sobre la base del simple hecho de que los trabajadores acusen al patrono de descapitalización».
Se considera que esta medida actuará como un elemento de presión, sino al nivel de las inversiones, por lo menos al de la
"descapitalización", , para el sector privado que sigue detentando una parte predominante de los bienes en la industria y en la agricultura.
Finalmente se ha decretado una ley de reforma agraria. Esta ley no limita la superficie de las tierras para todo propietario que
"explote bien" su propiedad. El eje central de la reforma estriba en responder a una petición de los campesinos desprovistos de tierra: aproximadamente 100.000 campesinos, un poco más del 25% de la población activa rural. Además, esta reforma debe permitir incrementar la producción de los "granos básicos" producidos fundamentalmente en Nicaragua por los campesinos pequeños y medianos. Son los aparceros, los "precaristas", los pequeños campesinos y las cooperativas de producción (Cooperativas Agrarias Sandinistas - CAS), quienes serán los principales beneficiarios de la redistribución de las tierras confiscadas. En agosto de 1981 se adoptaron una serie de medidas para estimular la formación de cooperativas. De momento, la parte fundamental de las cooperativas de producción se han formado tras la donación de la tierra por el Estado (donación que de hecho ratificaba en más de un caso su previa ocupación), y no mediante la fusión de las tierras de los pequeños campesinos. Los organismos de cosecha y distribución del Estado deben hacerse cargo de la producción de las cooperativas. La contrapartida de es-. tas medidas de redistribución de la tierra es la prohibición de la ocupación de tierras...
El sector público en la agricultura, surgido con la confiscación de las tierras de los antiguos somocistas, participa en un 23% en la producción nacional. No ha dado los resultados previstos. papel de fuente de acumulación que inicialmente se le había otorgado. Las "Empresas Agrarias del Estado"' (que agrupan a varias "unidades de producción estatales"), han absorbido más dinero del que han producido. La productividad ha descendido fuertemente. En efecto, la rentabilidad de las tierras confiscadas se basaba en una terrible
Una vez suprimidos estos métodos, en una agricultura que empleaba una gran cantidad de mano de obra, el resultado es claro:
descenso de la productividad... A ello se añaden todas las dificultades derivadas de de una gestión más o menos eficaz cuando faltan cuadros cualifi-
No hay muchos propietarios privados convencidos de que su futuro está asegurado. Cuando tienen la posibilidad de descapitalizar, lo hacen: esto se observa sobre todo en la ganadería. Los demás producen para tener dinero en el bolsillo... antes de
Entonces reducen los gastos, en términos de abonos, de renovaciónde la maquinaria, etc. Incluso empiezan a vender algunas tierras a los campesinos medios. Su consigna es: «Producir sí, rein-
Esta evolución en la agricultura, que emplea al 40% de la población activa, ha comportado una reestructuración de las organizaciones de masas sandinistas en el campo. Por un lado, para agrupar, a los campesinos pequeños y medianos, y responder a las inicitiavas de los grandes productores, el FSLN ha tomado la iniciativa de crear la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos). Por otro lado, la
ATC agrupa en sus filas fundamentalmente a los trabajadores rurales. La UNAG representa sin duda un paso adelante en las relaa tecon ciones entre el FSLN y las capas de pequeños campesinos. Sin embargo, en este tipo de organización poco homogénea socialmente pueden producirse tensiones sociales. Pueden manifetarse intereses contradictorios entre trabajadores rurales y campesinos medios, organizados en la UNAG, por ejemplo en torno a la cuestión del salario mínimo. En cuanto a la ATC, parece conocer dificultades para organizar eficazmente a los trabajadores de las grandes fincas privadas. En las Unidades de Producción del Estado, está estrechamente vinculada a la gestión. Así, el prestigio de la ATC se debe ante todo a su papel en la alfabetización y en las campañas sanitarias. Es a la vez una fuerza y una debilidad.
En cuanto a la industria manufacturera, que agrupa a alrededor de 33.000 personas,
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el sector privado no está lleno de entusiasmo. La línea de ataque de la burguesia no ha cambiado desde 1980: el ejército y la policía no son "instituciones nacionales" sino sandinistas, hay que organizar rápidamente elecciones. Los partidos burgueses y capitalistas, organizados en el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), con el apoyo de la jerarquía religiosa, del diario La Prensa y de dos pequeños sindicatos (la CNT y la CUS), destacan lo que les parece ser el obstáculo central para sus manejos contrarrevolucionarios: el control absoluto del FSLN sobre el ejército, la policía y ahora las milicias.
Así, en la medida en que el FSLN no está dispuesto, y lo ha dicho cien y mil veces, a hacer la mínima concesión en este terreno y en que la polarización de clases se acentúa en toda Emérica Central, los capitalistas se vuelven cada vez más abiertamente hacia el imperialismo y sus aliados en la región para organizar la contrarrevolución. El 18 de julio de 1981, el dirigiente de la CST (Central Sandinista de Trabajadores), Davis Meléndez, decía a justo título en una concentración: «Es cierto que derrotamos a la guardia nacional, pero aún no hemos derrotado a nuestro principal enemigo, a esta burguesía
La ley de emergencia del 9 de septiembre - quiere ser un instrumento contra los "delitos contra la seguridad económica y social de la nación". Prevé penas de cárcel de uno a tres años por la destrucción de materias primas, de productos agrícolas e industriales, de bienes de producción, de infraestructuras económicas, por la difusión de falsas informaciones que faciliten la especulación, etc. Además también se consideran delitos las iniciativas susceptibles de provocar restricciones de los créditos internacionales. Pero, además, «la incitación a la huelga, las interrupciones del trabajo, la ocupación de centros de trabajo, la ocupación de tierras, se consideran también delitos en la ley de emergencia», (Agencia Nueva Nicaragua, 16 de septiembre de 1981). Al amparo de esta ley han sido detenidos cuatro miembros del COSEP, entre ellos Enrique Dreyfus. Tres de ellos han sido condenados a siete meses de prisión, y el cuarto
- Alejandro Bolanos- ha sido puesto en
Al mismo tiempo, 22 miembros del PCN (Partido Comunista de Nicaragua, escisión del Partido Socialista de Nicaragua en 1967) y de la CAUS (Central de Acción y Unidad
Sindical) han sido detenidos. Cuatro de ellos, entre los que figuran Eli Altamirano y
Ariel Bravo, dirigente de la CAUS, han sido condenados también a siete meses de
Las medidas adoptadas por la dirección del FSLN reflejan un intento de contener las contradicciones cada vez más explosivas en el marco de una situación internacional muy difícil. No cabe duda que estos decretos ponen el cuchillo en la garganta de una burguesía que no ha dejado de recibir créditos de la CORFIN (Corporación Financiera
Nacional). Su director ha podido anunciar que de enero a septiembre de 1981, sector privado había absorbido el 60% de los créditos les decir, 337,5 millones de
Al negarse a ampliar el APP (Area de Propiedad del Pueblo) y a incrementar el control sobre el excedente producido, el FSLN se encuentra en una situación aún más difícil para reorientar el aparato productivo con el fin de satisfacer las necesidades populares. La creciente ruptura política con la burguesía no podrá mantener el status quo en el terreno económico, a riesgo de suscitar descontentos entre los trabajadores y
América Central y Caribe «Es cierto que derrotamos a la guardia nacional, pero aún no hemos derrotado a nuestro principal enemigo,
'a esta burguesía tenaz».
Davis Meléndez campesinos, que podrían traducirse en una disminución de su actividad y de su participación en las organizaciones de masas. En este sentido, la detención de lös miembros del PCN y de la CAUS, y su condena, por mucho que puedan ser discutibles sus posiciones políticas, es contraria a un debate y a una educación política necesaria para preparar las bateallas del futuro. Es una confesión de debilidad por parte del FSLN.
Los miembros del PCN y de la CAUS forman parte del movimiento obrero. No pueden ser equiparados a los enemigos conjurados de la revolución que son los dirigentes del COSEP. En noviembre de 1980, la CAUS participó de pleno derecho en la coordinadora sindical junto a la CST. La influencia de la CAUS en ciertas grandes fabricas (Fabritex) es significativa. Sus ataques contra las medidas adoptadas el 9 de septiembre debían discutirse y no sancionarse con la cárcel. Máxime cuando la prohibición de las huelgas y ocupaciones de tierras no puede ser un camino de rosas por el que pase la preparación de la lucha contra "esta burguesía tenaz" que sigue siendo el "enemigo principal" de las masas trabajadoras.
Para «controlar las tendencias anarquizantes de la economía de mercado a la que estamos atados por miles de hilos», como comandante de la revolución Tomás Borge, el 19 de julio, habrá que utilizar todo el potencial de organización y control de las masas para suprimir este poder económico burgués.
Un poder que resulta caro, todos los días, para los obreros y campesinos. Suprimir el derecho de huelga por decreto no es sin duda el mejor medio para emprender esta tarea, aunque las masas con su ejército y sus milicias, a derrotar a la contrarrevolución. El rumbo seguirdo hasta ahora por el FSLN, y la profundización del proceso revolucionario de julio de 1979, son la mejor garantía de que los trabajadores y campesinos de Nicaragua superarán este período crítico.