DELITOS ECONOMICOS
CORRUPCION POLITICA delincuencia en general con los reclusos y penados, y por tanto hacían
Hace ahora cincuenta años el sociólogo de Chicago Edwin H. Sutherland creaba el concepto de "delitos de cuello blanco" para designar las violaciones de las leyes realizadas por personas de respetabilidad y status social alto en el ejercicio de su profesión.
Demostraba así la falacia de penalistas y criminólogos que, amparándose en las estadísticas oficiales, tendían a confundir la recaer exclusivamente los delitos del lado de las clases bajas.
Fernando Alvarez Uría
En un estudio posterior sobre cien empresas que figuraban en las listas de las corporaciones más importantes de los Estados Unidos, el mencionado creador de la teoría de la asociación diferencial comprobó la existencia de 980 decisiones condenatorias a estas empresas por parte de diversas agencias administrativas y penales. El promedio de delitos comprobados por empresa ascendía a 14, lo que indica un elevado grado de reincidencia. Sin embargo, las condenas penales suponían únicamente el 16% de estas decisiones. Predominio, pues, de multas civiles y castigos financieros sobre penas estigmatizantes. En realidad, los ejecutivos son condenados por tribunales penales principalmente cuando se sirven de métodos delictivos parecidos a los que emplean los delincuentes de clases bajas. La elevada posición social de los hombres de negocios, la indiferencia de la opinión pública y la homología cultural existente entre ellos y legisladores, jueces y funcionarios, colocan a los tiburones de la especulación y las finanzas al abrigo de castigos ejemplares. Igualdad ante las leyes
Desde un punto de vista jurídico y administrativo, un acto es delictivo únicamente si un tribunal legalmente legitimado para juzgar determina oficialmente que una persona o una empresa han cometido delitos. Sin embargo, en el ámbito de los negocios se producen múltiples transgresiones y delitos que se "arreglan" al margen de los tribunales. corrupción y el soborno sirven sobre todo para obtener privilegios especiales, para sortear investigaciones comprometedoras y, en muchas ocasiones, para violar de un modo flagrante las leyes. Todos los días se producen en el mundo de las empresas atentados contra las leyes anti-trust, falseamiento de publicidad, piratería de patentes, falsificación de marcas de fábrica, prácticas laborales injustas -por ejemplo, despidos improcedentes, discriminaciones salariales, agresiones sexuales, restricción de derechos sindicales, etc- así como utilización de documentos falsos, fraudes financieros y otros delitos que se saldan con leves apercibimientos y en la mayoría de
los casos con la impunidad. "Debido a la presión que ejercen estos industriales para obtener privilegios especiales, sistema de la democracia ha sido cambiado por el control de jefes y maquinarias políticas que no son gobierno representativo ni eficiente en lo que concierne a los problemas de la sociedad en general". Esta idea de que los delitos de cuello blanco son como un cáncer que corroe desdedentro a las sociedades, fue defendida por algunos conservadores norteamericanos que sostenían el principio de que las leyes han sido hechas para ser respetadas por todos.
Las democracias son Estados de derecho, es decir, sistemas de libertades basados en la voluntad general en los que las leyes rigen para todos por igual Mientras que los déspotas imponen su arbitraria y discrecionalmente el secuestro de la voluntad popular, en los sistemas democráticos las leyes, al menos teóricamente, están al servicio del interés general. En estos sistemas, además del autocontrol, la opinión pública, los parlamentos y los tribuel ejercicio de la acción popular contribuyen a hacer efectivos los principios generales del derecho. En estos años de transición política la acción popular estuvo presente en importantes procesos judiciales como la matanza de Atocha, las torturas a presos en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en el denominado juicio de la colza, el proceso por la desaparición de Santiago Corella "el Nani",... y más recientemente en el proceso en curso sobre la trama negra del GAL. No cabe duda de que esta presencia de los ciudadanos en los tribunales de justicia ha contribuido a reforzar el proceso -demasiado tímido- de desmantelamiento de los endémicos poderes heredados del
La lucha por la justicia es una dimensión básica del proceso de democratización de las sociedades. Hace años algunos pensaban que quienes denunciaban las prácticas indeseables e ilegales de eran generalmente "comuo "socialistas", y que sus acusaciones tenían muy poco peso. En la actualidad, si se tiene en cuenta la frecuencia con la que la prensa proporciona datos sobre escándalos financieros y casos de corrupción, ese peso no parece nada desdeñable a pesar de los silencios de esa misma prensa y de las actitudes de los gobiernos en las sociedades de capitalismo avanzado, más sensibles a los delitos comunes que a los ingentes delisin embargo no naturalizar esta repartición o división de los delitos en función de la estratificación social, sino más bien considerarla un etecto de la gestión de los ilegalismos orquestada desde el poder. Por otra parte, entre los delitos económicos y los delitos comunes no existe contradicción, sino muchas ocasiones complementariedad como prueba el hecho de que la población reclusa esté compuesta en nuestro país en un 80% por pequeños traficantes y consumidores de drogas duras. El tráfico de estupefacientes es un descomunal negocio, y no sólo para quienes lo mane-
Se calcula que anualmente se blanquean, sólo en los bancos, más de 50.000 millones de dólares procedentes de este lucrativo comercio ilegal. En los últimos tres años, el contrabando de cocaína se ha triplicado en el continente europeo y los expertos estiman que su entrada se produce en un 40% a través de nuestro país. Sabemos que los provocativos beneficios de casas de seguros y de algunos bancos están también ligados a la utilización del dinero negro. Esto no excluye que importantes ganancias especulativas procedan asímismo de la práctica del "insider traiding", es decir, de la utilización de información confidencial en los mercados financieros. En España, esta práctica sigue sin estar tipificada penalmente como delito -únicamente se preven sanciones administrativas- y sin ser tanto policialmente como judicialmente perse-
Veamos algunas cifras sobre delitos económicos relativas a nuestro pais y que han salido a la luz pública en los medios de comunicación: más de 100 empresarios en Catalunya estáninvolucrados en un fraude a la Seguridad Social de cerca de 4.000 millones de pesetas. Por lo que se refiere al delito fiscal, se estima que en 1986 más de nueve billones de rentas no fueron declarados.
Esa astronómica cifra de dinero enfrenta entre sí a las diferentes ramas y familias del sector financiero. Una parte nada desdeñable se ha refugiado en los seguros de prima única y en bonos del Estado. Nuestro país ocupa los primeros puestos europeos no sólo del desempleo y de mecanismos de flexibilización laborales, sino también en vertidos de residuos contaminantes, en la utilización indiscriminada de plaguicidas en productos hortofrutícolas, en estafas inmobiliarias y en índices de ilegalidad de oferta extrahotelera. El síndrome tóxico, además de cobrarse centenares de víctimas, ha costado al Estado más de
20.000 millones de pesetas. La línea de demarcación entre negocios fraudulentos y legales es cada vez más móvil y borrosa, pero en todo caso los beneficios de la especulación son cuantiosos. Por ejemplo, en cuatro años el grupo KIO ganó en España 115.000 millones de pesetas. En ese mismo periodo, las cárceles de Madrid obtenían el mayor porcentaje mundial de reclusos con SIDA.
Estos ejemplos indican que en gran medida la economía española no puede ser entendida si no se tienen en cuenta tráficos ilegales, especulaciones y deli-
tos financieros. ¿Cómo es posible que bajo un gobierno socialista se perpetúe la pasividad de los tribunales y que no exista un decidido compromiso político de poner freno a los fraudes y hacer que se cumplan las leyes? La rotación de las élites
Recientemente estalló en Francia escándalo Pechiney, un caso de tráfico de información bursátil reservada, en el que están implicados viejos socialistas, adictos al presidente Mitterrand. La venta de una pequeña empresa norteamericana a la poderosa firma
Pechiney, hizo subir repentinamente a 55 dólares acciones que se cotizaban por debajo de los 10. Pelat, uno de los amigos de Miterrand, compró a la baja 50.000 acciones. A este affaire se ha añadido dias después el de la Societé Générale: el traficante de armas entre junio y septiembre del pasado año, con la compraventa de acciones de dicha sociedad, unos beneficios que superan los cuatrocientos millones. cia, otro escándalo financiero provocado por el banquero y magnate de la prensa
Georges Koskotas implico a una parte de la administración socialista. En Italia, también recientemente, un total de veintiuna personas, esta vez próximas a la democracia cristiana, y entre las que figuraba el Presidente del Consejo General de los Ferrocarriles italianos, se vieron implicados en delitos de estafa, corrupción, favoritismo y otros. Todos estos casos prueban que entre los delitos económicos y la corrupción política no hay solamente yuxtaposición y contigüidad, sino también ramificaciones más profundas. Esta claro que muchos políticos tienen amigos y familiares que operan en el mundo de los negocios; también es cierto que altos cargos de la política se incorporan al mundo de los magnates de las finanzas o proceden de firmas comerciales; conviene recordar, además, que los bancos financian en una proporción importante las campañas electorales de los partidos -en las elecciones legislativas de 1986, el PSOE reconoció haber gastado 824.000.000 mas de lo que la ley le permitía y recibió préstamos por cerca de 6.000 millones de pesetas-. Pero en los casos de corrupción los entrecruzamientos tienen
¿Existen indicios de corrupción política en nuestro país? El hecho de que expresidentes de comunidades autónomas, ex-ministros y ex-directores generales pasen, al abandonar sus cargos públicos, a incorporarse a los estados mayores de las multinacionales, los bancos y el mundo de las finanzas no sólo supone la paradoja de que quienes preconizan en la vida pública el socialismo se conviertan profesionalmente en los mejores gestores de las empresas que más promueven el neoliberalismo puro, sino también la sospecha de que su estelar entrada en el ámbito empresarial se basa en su capacidad de obtener favores en el ámbito estatal. Por otra parte, la intervención del gobierno en OPAS hostiles, fusiones bancarias y cambios en la cú pula del poder financiero contrastan con su reticencia a revisar su mezquina politica social. Las incompatibilidades de los diputados no han sido respetadas, como Majó, consejero de Ceselsa, presidente de Hispano Olivetti, apostol de la "flexibilitat". Pero, además, no existen en nuestro país obstáculos legales para que diputados que tienen intereses privados en determinadas áreas económicas vengan en el Parlamento en comisiones encargadas de regularlas. Por lo que se refiere a la adjudicación de contratos por que en 1986 el 40% de las obras contratadas -el presupuesto global alcanzaba la cifra de 600.000 millones de pesetasse adjudicaron de forma directa. administración central socialista licitó obras para empresas elegidas a dedo por valor de 113.000 millones. Según el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, existe una "imposibilidad técnica y humana de fiscalizar estas actuaciones", pero silencia que esta imposibilidad deriva de una ausencia de voluntad política para llevarlo a cabo. El fracaso estrepitoso de la Comisión de Tráfico de Influencias, la ausencia -mantenida hasta ahora- de regulación legal de las actividades de los altos cargos tras su cese, el agujero de los préstamos guineanos, las reprivatizaciones de las empresas de Rumasa a precio de saldo -el precio de Galerías Preciados se multiplicó por cien en cuatro años-, la utilización incontrolada de los gastos reservados -2.600 millones presupuestados para 1989-, las asignaciones de despachos de loterías, las vinculaciones laboral-conyugales, el enchufismo, las recalificaciones de terrenos rústicos en zonas urbanizables, el fraude de 500 millones de pesetas en el INEM de Lérida denunciado por la UGT, las concesiones de contratas a amigos y correligionarios del partido, la desfachatez con la que la ex-Directora general de TV defendió como legal una práctica flagrante de apropiación indebida de fondos públicos -así como el tiempo que transcurrió en su dimisión-, constituyen una prueba de que existen delitos económicos en el espacio público que en demasiadas ocasiones no son investigados ni condena-
Franco Cazzola, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Catania, realizó una investigación sistemática sobre la corrupción política en Italia desde 1880 hasta 1986 en la que demuestra que esa "industria fantasma" facturó en los últimos diez años 330.000 millones de pesetas, de los que 190.000 corresponden a a Democracia Cristiana y 108.900 a los socialistas. La "bustarelle' italiana, o "propina para conseguir favor ilícito", no parece existir, ni oficial ni oficiosamente, en nuestro país, pese a que los ciudadanos la suframos con frecuencia.
La patrimonialización del Estado por el PSOE es un hecho real no sólo en lo que se refiere a dinero, puestos y presupuestos, sino también a la apropiación de bienes simbólicos. Como ha escrito Ignacio Sotelo, "en un clima social en el que únicamente | cuenta ganar dinero, cualquier otra actividad -científica, cultural o política- recluta exclusivamente a los ineptos o a los ilusos (...). El resultado es que en España no sólo los políticos -aquí la evidencia hiere la vista- sino también las demás élites científicas o intelectuales han sido seleccionadas en virtud de su mediocridad y/o complacencia con el poder establecido". En este marco se explica que muchos socialistas eufóricos confundan la situación del país con su propia promoción social. Y es que del mismo modo que muchas de grandes fortunas se originaron en las prácticas ilegales, también el pesebrismo, la corrupción y el oportunismo político han permitido a grupos sociales situados en la órbita del partido gobernante un verdadero ascenso social, como nunca pudieron soñar. Se ha producido pues un desclasamiento de algunas capas sociales acompañado de un reclasamiento que explica en parte los cambios de mentalidad.
Ahora bien, cuando un representante de la soberanía popular comete un acto delictivo no sólo viola determinadas leyes, sino que al mismo tiempo atenta contra la propia democracia representativa. Los delitos económicos de los políticos son doblemente delitos y en justicia deberían de ser ejemplarmente castigados. Su impunidad sitúa al sistema democrático en una situación de secuestro moral. Los delitos de cuello blanco se convierten así no sólo en un factor explicativo de primer orden del cambio social y de la formación de nuevas élites -lo que echa por tierra la función superestructural que se suele asignar al derecho desde el marxismo vulgar- sino también en un instrumento de comprensión de esa opción en la que algunos analistas políticos condensan la prueba de la "traición socialista": su amor por los bancos, los balances, los oficios y los beneficios y su paralelo menosprecio por las políticas sociales y las organizaciones sindi-
Si esta tendencia de los gobernantes socialistas se perpetúa se consumaría ante nuestros ojos una gran estafa que hunde más sus sólidas raíces en las imbricaciones soterradas existentes entre el mundo de las finanzas y el de los políticos corruptos.O